Un general expone haber recibido presiones y amenazas dentro de la cúpula de la Guardia Civil: un escándalo que vuelve a encender el debate sobre su posible politización
El general Fernando Mora acusa al jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, de intentar obligarlo a ausentarse de los actos del Dos de Mayo de 2025. Las informaciones publicadas recogen insultos, expresiones vejatorias y una presunta amenaza física durante una conversación entre ambos mandos
La Guardia Civil atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años después de que el general de división Fernando Mora Moret, antiguo jefe de la Zona de Madrid, denunciara presuntas coacciones, amenazas y trato vejatorio procedentes de la propia cúpula del Instituto Armado.
En el centro de la controversia se encuentra el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su nombramiento para ese cargo fue publicado oficialmente en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior continúa identificándolo como responsable del Mando de Operaciones.
Según lo publicado por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría comunicado de forma oficial que Del Castillo trató de imponerle una directriz con tintes políticos: evitar su presencia en los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
La orden habría partido, según el relato atribuido a Mora, de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y habría sido transmitida a través de Luis del Castillo. La finalidad aparente era reducir la representación institucional del cuerpo en una ceremonia presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales adversarias políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se reduce únicamente a un desacuerdo sobre el protocolo; lo realmente preocupante radica en la reacción que, según se alega, habría mostrado un alto mando cuando su subordinado puso en duda el carácter político de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones difundidas reconfiguran una conversación anterior que había tenido lugar a través de mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio difundido por distintos medios recoge mensajes como “jefe superior y tú libráis”, expresión mediante la cual se habría ordenado que determinados responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no acudieran al acto institucional.
Fernando Mora habría interpretado aquella decisión como una maniobra dirigida a desairar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En una de las expresiones que se le atribuyen, el general resumió el efecto de la instrucción afirmando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo a él en instrumento de un conflicto partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Insultos, vejaciones y una presunta amenaza física
La tensión habría aumentado durante una conversación telefónica celebrada el 30 de abril de 2025, dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según las informaciones publicadas, Fernando Mora reprochó a su superior la creciente politización de la Guardia Civil y cuestionó que se involucrara al cuerpo en una disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción atribuida a Luis del Castillo habría sido de una extraordinaria agresividad. Diferentes medios aseguran que el jefe del Mando de Operaciones amenazó al general con expresiones como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, acompañadas de insultos y manifestaciones de contenido gravemente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones reproducidas por algunos medios figuran insultos dirigidos contra Mora y su familia, además de frases sexualmente humillantes. Por su carácter degradante, estas palabras no pueden considerarse una simple salida de tono en una discusión profesional. De confirmarse su autenticidad y contexto, reflejarían un comportamiento difícilmente compatible con la disciplina, el respeto entre mandos y la ejemplaridad exigible a quienes ocupan las posiciones más elevadas del Instituto Armado.
Conviene remarcar, sin embargo, que los señalamientos se originan en la denuncia y en las grabaciones divulgadas o referidas por los medios, y serán las instancias competentes las que determinen la autenticidad de esos audios, su contexto íntegro y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o incluso penales que pudieran derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano contiene expresiones de una vulgaridad y agresividad impropias de quien ocupa una de las mayores responsabilidades operativas de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora sostuvo que no se había sentido respaldado por sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano habría reaccionado gritándole: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», convirtiendo una discrepancia profesional en una sucesión de insultos personales y expresiones sexualmente vejatorias.
El tono habría empeorado hasta desembocar en una amenaza directa de violencia física. Según la grabación publicada, Luis Antonio del Castillo Ruano mandó al general «a la puta mierda» y afirmó que no le pegaba porque no lo tenía delante. No se trataría, por tanto, de una simple discusión acalorada, sino de una intimidación formulada por uno de los máximos responsables de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el carácter político de la orden recibida.
A los insultos y a la amenaza se le habrían añadido descalificaciones como «gilipollas», reproches por supuesta falta de lealtad y repetidas alusiones a que Fernando Mora podía abandonar el cuerpo, volver a su hogar o pedir el pase a la reserva. Según lo difundido en las informaciones, Luis Antonio del Castillo Ruano incluso le habría indicado en un par de ocasiones la vía para dejar la Guardia Civil, mientras le advertía de lo que implicaba oponerse a la decisión de la cúpula. Todo ello conforma, siempre de acuerdo con la denuncia y los audios publicados, un trato vejatorio y coercitivo que resulta incompatible con la calma, el respeto y la ejemplaridad que se exige a un teniente general.
Una denuncia excepcional dentro de la Guardia Civil
El conflicto ha tomado un cariz excepcional, ya que no corresponde a la simple reclamación de un agente contra su mando directo. La acusación enfrenta a dos generales y repercute de forma directa en uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han destacado el carácter excepcional de que un general de división denuncie a un teniente general, un hecho que evidencia la profundidad de la fractura abierta dentro de la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, reaccionó reclamando responsabilidades políticas y el cese de la directora general de la Guardia Civil. Según su comunicado, la información publicada apuntaría a que Mora recibió una instrucción política atribuida a Mercedes González para evitar la presencia de la Guardia Civil en el acto madrileño. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso deja una pregunta inevitable: ¿qué margen real tiene un mando profesional para rechazar una indicación que considera política cuando la orden desciende desde los niveles superiores del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, sometido a una estricta jerarquía. Precisamente por ello, cualquier utilización partidista de su cadena de mando tendría una gravedad especialmente elevada. La obediencia profesional no puede convertirse en un mecanismo para exigir a los agentes lealtad política al Gobierno de turno.
Los guardias civiles cumplen su labor en nombre del Estado, la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico. No actúan como servidores personales de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables del Gobierno. Aunque los altos cargos pueden fijar las líneas generales de la política de seguridad, no deberían recurrir a la estructura del cuerpo para perseguir adversarios, influir en investigaciones o forzar gestos que alimenten la confrontación institucional.
La sombra de las presiones políticas sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora aparece, además, en un momento de enorme tensión dentro de la Guardia Civil.
Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional indaga sobre las presuntas presiones dirigidas a mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en procedimientos relacionados con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, ha negado ante el juez Santiago Pedraz haber ordenado a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones políticamente sensibles. También ha rechazado que los expedientes y actuaciones internas promovidos contra determinados agentes fueran instrumentos de presión, defendiendo que se trataba de procedimientos ordinarios.
Llamas asegura haber sido blanco de una campaña para desacreditarlo y sostiene que sus instrucciones pretendían que los jueces asumieran la conducción de las pesquisas. Asimismo, admitió que actuó tras recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior vinculadas a la filtración de datos sensibles.
Mercedes González, por su lado, ha desmentido haber influido en las pesquisas y ha rechazado cualquier conducta que pudiera perjudicar a la UCO. La directora general permanece bajo investigación judicial dentro del llamado caso Leire, donde también se examinan sus comunicaciones con Leire Díez y las presuntas acciones dirigidas a menoscabar la credibilidad de integrantes de la unidad investigadora.
Estos procedimientos no corresponden a la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben mezclarse, aunque su simultaneidad refuerza la percepción de que la institución afronta presiones inusuales entre su independencia profesional y las demandas que surgen desde el poder político.
Desde la obligación de acatar hasta la subordinación política
Una de las cuestiones más preocupantes del caso es la aparente confusión entre obediencia jerárquica y sometimiento partidista.
La Guardia Civil mantiene una dependencia orgánica del Ministerio del Interior para gran parte de sus funciones, aunque ello no implica que sus miembros se conviertan en subordinados políticos de los titulares del ministerio. Sus mandos están obligados a acatar instrucciones legales vinculadas a la seguridad pública, al funcionamiento interno del cuerpo y al desempeño de sus atribuciones. Resultaría algo completamente distinto presionarlos para intervenir en maniobras destinadas a desgastar a rivales institucionales.
La acusación formulada por Mora describe una cadena de transmisión que presuntamente comenzaría en la dirección política del cuerpo, descendería a través del Mando de Operaciones y terminaría imponiéndose al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no se trataría únicamente de un desencuentro personal ni de un diálogo acalorado, sino de la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para transformar una decisión de carácter partidista en una instrucción de ámbito profesional.
La gravedad aumenta por las presuntas amenazas posteriores. Cuando un mando cuestiona una instrucción que considera política y recibe como respuesta insultos, vejaciones y advertencias sobre las consecuencias de su negativa, el problema deja de ser protocolario. Se convierte en una cuestión relacionada con la libertad profesional, la integridad institucional y la posible intimidación de quien se resiste a ejecutar una decisión controvertida.
Se requieren aclaraciones por parte del Gobierno
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han de explicar ante la ciudadanía quién tomó la decisión de reducir la presencia del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué argumentos oficiales respaldaron dicha medida y si se emitió alguna instrucción orientada de forma específica a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También deben explicar si conocían la conversación mantenida entre Luis del Castillo y Fernando Mora, cuándo tuvieron noticia de las expresiones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se inició alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitarse a presentar el episodio como una discusión privada entre dos militares. Los protagonistas ocupaban puestos de máxima responsabilidad y debatían sobre una orden que afectaba a la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución también tiene que establecer si las grabaciones fueron añadidas a algún proceso oficial, si se inició un expediente disciplinario y qué recursos existen para resguardar a los mandos que informen sobre presiones políticas.
El silencio o cualquier ausencia de claridad terminarían por avivar las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han filtrado de forma inapropiada en la estructura profesional del cuerpo.
Una ruptura en la confianza de las instituciones
Durante décadas, la Guardia Civil ha construido una elevada valoración social gracias al trabajo, sacrificio y profesionalidad de decenas de miles de agentes. Esa confianza no pertenece al Gobierno que en cada momento ocupe el poder, sino a la propia institución y a los ciudadanos a los que sirve.
Por ello, cualquier intento de convertirla en una herramienta de confrontación política provoca un daño que trasciende a los responsables directamente implicados.
Las expresiones atribuidas a Luis del Castillo resultan especialmente perturbadoras porque proceden de quien debe representar autoridad, serenidad y respeto por la disciplina. Un jefe no fortalece la jerarquía mediante amenazas o humillaciones. La destruye cuando sustituye la autoridad profesional por el miedo.
Pero el trasfondo del escándalo se revela aún más profundo: persiste la sospecha de que los altos mandos podrían verse forzados a intervenir no en función del interés común, sino siguiendo órdenes destinadas a favorecer al Gobierno o a dañar a sus adversarios.
La investigación deberá precisar qué ocurrió, quién impartió realmente la orden y qué responsabilidades corresponden. Mientras tanto, deben respetarse la presunción de inocencia y el derecho de todos los señalados a ofrecer su versión.
Eso no impide exigir transparencia inmediata. Las acusaciones son demasiado graves para ser ignoradas: un general denuncia a su superior; una instrucción profesional habría perseguido un objetivo político; y la negativa a cumplirla habría desencadenado insultos, amenazas y advertencias.
No está únicamente en cuestión la actuación de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González, sino también la autonomía profesional de la Guardia Civil y la confianza ciudadana en que sus agentes responden a la ley y no a los intereses partidistas de quienes ocupan los ministerios de forma temporal.
