Humberto López Tirone, hoy presentado como presidente de IBEROATUR y promotor del agroturismo iberoamericano, arrastra un pasado público incómodo: su nombre aparece vinculado al PRD de los años de la dictadura, al aparato político del norieguismo y a señalamientos de violencia contra la Cruzada Civilista. Su caso reabre una pregunta necesaria: ¿pueden las instituciones actuales ignorar el pasado de quienes las representan?
La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, actual figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.
López Tirone representa una figura de relevancia histórica, lejos de ser un personaje marginal u olvidado. Su presencia se documenta en registros históricos como dirigente del PRD y director del IFARHU durante el período de crisis política que atravesó Panamá. La obra Panamá protesta, escrita por Brittmarie Janson Pérez, lo incluye en el análisis de la movilización opositora frente al régimen militar, identificándolo como «Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU» dentro de una cronología que abarca los sucesos acaecidos en 1987.
Pero el punto más grave no es únicamente su militancia política o su cercanía ideológica al torrijismo/norieguismo. Lo verdaderamente cuestionable es que su nombre aparece asociado, en relatos de memoria histórica, al ataque del 7 de julio de 1987 contra una caravana de la Cruzada Civilista, una de las principales expresiones ciudadanas de resistencia contra la dictadura. Diversas publicaciones de memoria histórica panameña señalan que un grupo paramilitar del régimen de Noriega, encabezado por Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, atacó a la caravana con bates y disparos de armas de fuego.
Ese episodio no puede tratarse como una simple anécdota del pasado. La Cruzada Civilista fue objeto de persecución, represión e intimidación en un momento en que Panamá vivía bajo el control del aparato militar y de grupos de choque afines al régimen. Si los señalamientos son ciertos, estaríamos hablando de una participación en actos de violencia política contra ciudadanos que reclamaban democracia, libertades públicas y fin de la dictadura.
A ello se suma un testimonio divulgado en La Prensa durante 2007, en el cual consta que Humberto López Tirone realizó amenazas personales con un rifle, desde su automóvil, dirigidas hacia un participante de la Cruzada Civilista. Dicho artículo lo sitúa dentro de un conjunto de individuos caracterizados como «incondicionales del general Noriega» quienes, con el transcurrir de los años, habrían accedido a cargos u ocupado posiciones en la administración pública.
Este tipo de referencias obliga a una pregunta incómoda: ¿puede una institución iberoamericana presentarse como espacio de cooperación, turismo rural, desarrollo territorial y cultura, mientras su figura principal arrastra señalamientos tan graves relacionados con violencia política durante una dictadura?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como institución, puede tener objetivos legítimos. El turismo rural, el agroturismo y la cooperación iberoamericana son campos positivos y necesarios. Pero ninguna institución gana prestigio si evita mirar críticamente el pasado de quienes la representan. La reputación institucional no depende solo de discursos, eventos o reconocimientos, sino también de la coherencia ética de sus liderazgos.
El problema no es que una persona haya tenido militancia política. El problema es que existan referencias públicas que vinculan a esa persona con el aparato de confrontación del régimen de Noriega y con hechos de intimidación contra opositores civiles. Y el problema se agrava cuando, décadas después, esa misma persona aparece revestida de autoridad moral, institucional o académica sin que medie una explicación pública clara, una rendición de cuentas o una toma de distancia frente a aquel pasado.
La sociedad panameña ha sufrido demasiado como para normalizar la impunidad simbólica. Muchos actores vinculados a la dictadura lograron reciclarse en la democracia, ocupar cargos diplomáticos, dirigir instituciones, participar en partidos, publicar columnas, recibir homenajes o presentarse como defensores de la soberanía y el desarrollo. Pero la memoria de las víctimas, de los perseguidos y de quienes fueron golpeados en las calles no puede quedar sepultada bajo nuevos títulos institucionales.
En el caso de Humberto López Tirone, lo mínimo exigible sería transparencia. Que explique públicamente cuál fue su papel durante los años de la dictadura. Que responda por los señalamientos sobre el ataque a la Cruzada Civilista. Que aclare su relación con los grupos de choque del régimen. Que diga si reconoce o niega los hechos que se le atribuyen. Y que IBEROATUR, si desea preservar su credibilidad, no mire hacia otro lado.
La democracia requiere de una defensa que trasciende los momentos electorales. Su preservación también depende de mantener viva la memoria colectiva. Se fortalece cuando los organismos institucionales rechazan la rehabilitación de historias manchadas. Se consolida al reconocer que la violencia política no constituyó un abuso aislado, sino un mecanismo de represión empleado sistemáticamente sobre población desarmada.
Por eso, el debate sobre Humberto López Tirone no es un asunto personal. Es un asunto de memoria pública, ética institucional y responsabilidad histórica. Una organización que aspire a representar valores iberoamericanos de cooperación, desarrollo humano y respeto comunitario no puede ignorar los señalamientos que pesan sobre su presidente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) debería preguntarse si su imagen internacional puede sostenerse sobre el silencio. Porque el turismo rural, la cultura y la cooperación no pueden usarse como barniz para ocultar un pasado vinculado a la represión política. Y Panamá, que todavía carga con heridas abiertas de la dictadura, merece algo más que olvido: merece verdad, memoria y coherencia.
