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Roberto Arzú: demanda de JJ Rendón por US$6,16 millones y orden de captura en Miami

Roberto Arzú: señalamientos de financiamiento electoral no reportado
Contenido
  1. El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
  2. La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
  3. Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
  4. Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
  5. Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
  6. Orígenes

Un juzgado ubicado en Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados una condena consistente en abonar más de 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón, derivado de una disputa por contrato. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.

El litigio legal entre Roberto Arzú García-Granados y el estratega político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a raíz de un vínculo profesional relacionado con las metas presidenciales del político de origen guatemalteco.

En febrero de 2016, Arzú inició conversaciones con Rendón y su firma de consultoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, para desarrollar una estrategia que impulsara su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial.

La ruptura sentimental desembocó en un conflicto legal en tribunales de Estados Unidos debido al incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas previamente.

El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria

De acuerdo con los documentos del proceso judicial, el acuerdo contemplaba servicios de asesoría estratégica y posicionamiento político.

El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú ante una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a un incumplimiento de contrato.

La empresa reclamaba el pago de los compromisos económicos derivados de la relación comercial entre ambas partes.

Conforme a papeles dados a conocer por medios guatemaltecos, el pacto inicial fijaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de entregas subsecuentes hasta alcanzar cerca de 5,2 millones de dólares a lo largo del año posterior.

La relación entre el político y el asesor se deterioró a medida que avanzaron las diferencias sobre los pagos y los servicios contratados.

El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de abonar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 correspondientes a intereses acumulados, alcanzando así una cifra global de US$6.160.594,22.

La sentencia judicial también contemplaba la acumulación de los intereses legales posteriores al fallo.

El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.

La orden de captura por desacato civil en abril de 2019

El escándalo cobró mayor relevancia al exigir la corte norteamericana la presencia de Arzú para cumplir trámites vinculados con el acatamiento del fallo.

Durante el mes de abril de 2019, la autoridad judicial citó al político para comparecer ante el tribunal y dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.

Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.

El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.

El fallo dictaminaba que, si resultaba arrestado, tendrían que ponerlo a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas siguientes para dar seguimiento al trámite pertinente.

También contemplaba la posibilidad de que Arzú subsanara el desacato mediante su comparecencia a una declaración destinada a facilitar la ejecución de la sentencia.

Es importante distinguir que la orden se originó en un proceso civil por incumplimiento contractual y no constituía una condena penal por un delito.

El texto judicial se dio a conocer públicamente en abril de 2019, época en la que Arzú realizaba su campaña proselitista rumbo a la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.

Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón

Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.

El 24 de abril de 2019, Arzú afirmó que no había recibido la notificación para comparecer ante el tribunal de Miami y sostuvo que nunca había firmado un contrato definitivo con la empresa de JJ Rendón.

Por su parte, Rendón sostuvo que existía un compromiso contractual y que Arzú había incumplido las obligaciones económicas asumidas.

Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón

El escándalo abarcó asimismo diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.

Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas por Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban arreglos financieros vinculados al pacto de consultoría electoral.

Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de la documentación del juicio, ambos conservaban al principio un trato amable.

Sin embargo, los mensajes mostraban un deterioro progresivo del vínculo comercial ante las dificultades para concretar los pagos reclamados.

Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.

La divulgación de estas conversaciones aportó nuevos matices al escándalo, sobre todo debido a que el aspirante había defendido de manera pública la inexistencia de un acuerdo formal de servicios.

Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial

La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.

El Partido de Avanzada Nacional (PAN), formaba parte de la alianza electoral con Podemos, conservó su apoyo al aspirante y subrayó que el diferendo competía al ámbito civil.

El litigio dejó al descubierto profundas discrepancias entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al propósito del pacto, las responsabilidades financieras y las prestaciones acordadas.

En los archivos judiciales de Florida quedaron asentados tanto un fallo civil como una consiguiente orden de arresto por incumplimiento. A pesar de esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por sí mismos el desenlace de la deuda o de los compromisos financieros.

El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.

Orígenes

Fallo civil de Miami-Dade — Archivo disponible en Soy502

Trellis — Registro del fallo judicial

Orden de desacato civil — Archivo disponible en Prensa Libre

Prensa Libre — Respuesta de Roberto Arzú al proceso en Miami

Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón

Por Camilo A. Pereira

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