El Gobierno de Nuevo León, junto con ciertos medios de comunicación, informaron que el río Santa Catarina fue declarado Área Natural Protegida (ANP).
No obstante, el documento publicado en el Periódico Oficial corresponde a un acuerdo estatal encaminado a que el río Santa Catarina reciba formalmente la designación como ANP. Para lograrlo, es necesario un estudio técnico respaldado y la aprobación de CONAGUA.
Es importante mencionar que este acuerdo no supone la suspensión o anulación de construcciones que podrían afectar el área del río, tal como el viaducto elevado planeado sobre la avenida Morones Prieto y el curso del Santa Catarina.
El decreto muestra discrepancias con el marco normativo actual y con las intervenciones que se están llevando a cabo en la zona en estos momentos.
El domingo 8 de junio, el gobierno de Nuevo León anunció que el río Santa Catarina fue declarado Área Natural Protegida.
Al lado de Mariana Rodríguez, líder de Amar a Nuevo León; Alfonso Martínez Muñoz, encargado de Medio Ambiente; y Javier Navarro, cabeza del Gobierno; el gobernador Samuel García manifestó que «se debe revisar la historia de Nuevo León y no seguir modelos que afecten este curso, ya que es un área de 700 hectáreas con vitalidad y un pulmón verde de la urbe que debe mantenerse, conservarse, rehabilitarse y resguardarse».
El gobernador también difundió un mensaje en sus redes afirmando: «a partir de hoy EL RÍO NO SE TOCA. Nada de construcciones ni negocios, y por supuesto NADA DE BASURA. Desde hoy el río estará vigilado los 365 días del año, para que ninguna persona le haga daño. Y si alguien es sorprendido contaminando, SERÁ CASTIGADO».
Sin embargo, a diferencia de la posición gubernamental y lo divulgado por varios medios y plataformas sociales, la agrupación Un Río en el Río explicó que el documento difundido en el Periódico Oficial del Estado no representa una declaración formal del río Santa Catarina como Área Natural Protegida (ANP).
«Es totalmente falso que el río Santa Catarina ayer haya sido declarado área natural protegida porque el acuerdo que se emitió en el periódico oficial no es una declaratoria, es un acuerdo, es un compromiso», dijo Andrea Villarreal, activista perteneciente al colectivo Un Río en el Río, durante una rueda de prensa celebrada el 9 de junio.
Desde el enfoque de Un Río en el Río, es favorable que la protección del río Santa Catarina forme parte de los temas gubernamentales; sin embargo, es esencial adoptar acciones legales que se alineen con los demás proyectos de movilidad del estado.
El decreto del Gobierno de Nuevo León, expuesto en el Periódico Oficial, señala que «el carácter federal del cauce del Río Santa Catarina, reconocido como propiedad nacional en términos de la Ley de Aguas Nacionales, implica la necesidad de establecer mecanismos de coordinación intergubernamental con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para armonizar los fines de conservación ambiental con el marco legal vigente».
Asimismo, el decreto establece que «se instruye a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León a que, en el marco de sus atribuciones, inicie de inmediato la coordinación con la Federación para que el Río Santa Catarina sea reconocido como Santuario Biológico y Área Natural Protegida».
Por consiguiente, cualquier intento de declaración para el río necesita la aprobación de CONAGUA. La información publicada en el Periódico Oficial refleja un acuerdo a nivel estatal con el objetivo de que la sección del río Santa Catarina que pasa por los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey, Guadalupe y Juárez se designe como Área Natural Protegida en forma de un santuario.
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se definen como Áreas Naturales Protegidas aquellas áreas del territorio nacional —o bajo soberanía de la Nación— que presentan poca intervención humana o cuyos ecosistemas necesitan protección y restauración.
Los santuarios, conforme a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, corresponden a sitios reconocidos por su alta biodiversidad o presencia de especies con distribución limitada.
«Para modificar esta categoría o declararlo bajo una nueva figura de protección, la ley establece que se debe realizar primero un estudio técnico justificativo», explicó Andrea Villarreal.
Este análisis se centra en evaluar las situaciones ecológicas, sociales y culturales de la zona, y mediante un enfoque basado en la ciencia, establece la forma de protección más adecuada.
Un antecedente se dio en 2008, cuando se declaró Área Natural Protegida un Parque Urbano o Parque Lineal, cuyo plan de manejo fue publicado en el Periódico Oficial en 2009.
No obstante, ese proyecto no fue aprobado por CONAGUA, porque incluía instalaciones comerciales y privadas, lo cual iba en contra de su función principal: garantizar que el río transporte el agua de forma segura durante la temporada de lluvias.
Dado esto, Un Río en el Río propone designar al río Santa Catarina como un Corredor Biológico Ribereño, una figura que es acorde con las directrices de CONAGUA, porque posibilita su protección como un ecosistema natural en vez de su urbanización.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece con claridad:
Artículo 47.- Para la creación, gestión y administración de las diferentes áreas naturales protegidas mencionadas en el artículo precedente, la Secretaría fomentará la intervención de sus residentes, dueños o tenedores, autoridades locales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como otras organizaciones sociales, tanto públicas como privadas, con el fin de promover el desarrollo completo de la comunidad y garantizar la conservación y salvaguarda de los ecosistemas y su diversidad biológica.
ARTÍCULO 56.- Las autoridades de las entidades federativas tienen la posibilidad de solicitar al Gobierno Federal el reconocimiento de aquellas áreas naturales protegidas que definan de acuerdo con sus normativas, con el objetivo de alinear los regímenes de protección existentes.
ARTÍCULO 57.- Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables.
ARTÍCULO 58.- Antes de emitir las declaratorias para crear las áreas naturales protegidas mencionadas en el artículo previo, se deberán llevar a cabo los estudios necesarios que las respalden, según lo establecido en este capítulo, y dichos estudios deberán estar disponibles para el público.
Entre las disposiciones del acuerdo se instruye que todas las dependencias y organismos del gobierno estatal actúen de forma conjunta y eficiente en la defensa, recuperación y mantenimiento del cauce del río Santa Catarina.
Esto se dirige a frenar cualquier acto administrativo o convenio que altere el cauce, modifique su flujo hídrico o signifique una amenaza o daño al entorno ecológico, función hidráulica o componentes ambientales del río Santa Catarina.
A pesar de ello, los antecedentes de conflictos ambientales en la gestión de Samuel García cuestionan la credibilidad del compromiso con la defensa del río Santa Catarina.
El grupo Un Río en el Río se cuestiona: ¿De qué manera el gobierno puede designar al río como santuario al mismo tiempo que promueve la edificación de un puente elevado?
Desde Monterrey Antropológico, se indica que «la declaración de ANP necesaria en el hábitat del Río Santa Catarina corresponde al de Corredor Biológico Ripario, un acuerdo que este gobierno firmó en 2023 y aún no ha realizado».
En una entrevista con Verificado, la abogada Carla Escoffié explicó que hay varias discrepancias entre lo que establece la ley y la situación actual en el río Santa Catarina.
«Tanto CONAGUA, como SEMARNAT, como el estado de Nuevo León tienen que aclarar esto, porque el río Santa Catarina si es un santuario, solo puede ser utilizado para actividades de investigación y educativas conforme a la ley de Nuevo León. El problema es que si siguen haciendo construcciones, pues entonces ¿cuál es el sentido y efecto de este nombramiento?», cuestiona Escoffié.
La consulta pública relativa al segundo piso de cuota de seis carriles proyectado sobre Morones Prieto y el río Santa Catarina ya concluyó, y actualmente se aguarda la decisión de SEMARNAT sobre su aprobación o rechazo.
Este plan ha sido descrito como un nuevo nivel rodeado de acusaciones de «ecocidio», carencia de claridad y discrepancias en la Declaración de Impacto Ambiental.
Desde su propuesta en 2023, se ha mantenido con argumentos cuestionables, como la afirmación de que no impactará al río Santa Catarina, carece de especies importantes, y disminuirá emisiones y tiempo de viaje.
Aunque el acuerdo del 8 de junio rechaza formalmente iniciativas que puedan dañar el cauce, no representa una cancelación explícita del viaducto.
El colectivo Un Río en el Río sostiene que «reconocer el valor natural del río es un paso necesario, pero no es suficiente. Hacen falta acciones congruentes».
«A pesar de todo este suceso del gobernador declarando este espacio o pretendiendo declarar como Área Natural Protegida, algo que queremos enfatizar es que en todo este tiempo, desde 2023, no ha habido un solo paso para hacer el estudio técnico justificativo, que es el primer paso para cualquier tipo de ANP. Entonces, tanto en lo legal como en el presupuesto, pues si nos queda la duda de cómo pretende avanzar esto», declaró la activista Andrea Villarreal.
La jurista Carla Escoffié está de acuerdo en que «todos los procedimientos administrativos que se autorizaron y que han continuado hasta ahora para la edificación del viaducto no han sido, digamos anulados, permanecen en efecto, no ha habido ningún otro acto que los revoque, interrumpa o altere lo que ya se había progresado para la edificación del viaducto».
Asimismo, es importante señalar que ya están en marcha los trabajos sobre el lecho del río, incluidas las construcciones para la nueva línea del metro, las cuales son consideradas de alta prioridad para el Mundial de Fútbol 2026.
El decreto del gobernador Samuel García también menciona una vigilancia continúa del río Santa Catarina durante todo el día.
«No han aclarado a qué se refieren con esa vigilancia, no hay tampoco certeza jurídica de qué tipo de vigilancia van a hacer 24 horas. Pero hay un riesgo que se busque una especie de política ambiental policiaca que genere que además de que se restrinjan las actividades educativas de recreación y sociales que se realicen en el río Santa Catarina -como las que realiza la organización Un río en el río- también pueda implicar un proceso de criminalización en contra de personas habitantes de la calle», señaló Escoffié.
Aunque no se cuenta con información específica y es necesario esperar para comprender a qué se refiere la administración estatal y los términos de esa presunta supervisión continua, la falta de detalles concretos y la ambigüedad existente son motivo suficiente para encender las alertas o, al menos, plantear interrogantes sobre los límites, motivos y procedimientos de dicha supervisión, añadió.
Tras el anuncio de resguardar el río, el gobernador Samuel García cambió su mensaje y ahora niega que su gobierno haya impulsado la construcción del viaducto elevado sobre Morones Prieto.
El gobernador recientemente manifestó su disposición a detener el proyecto, aunque su argumento se basa en las complicaciones viales que ocasionaría durante la celebración del Mundial de Fútbol 2026 y no en la conservación ambiental del río.
«En caso de que se haya anulado el proyecto del viaducto elevado, es esencial que la Red Estatal de Autopistas notifique formalmente el retiro ante SEMARNAT. De este modo, se previene la asignación innecesaria de tiempo y recursos públicos a la evaluación de una Manifestación de Impacto Ambiental que ya no se ajusta al estado actual del proyecto», contestó Un Río en el Río.
